He anotado cuidadosamente
el nombre de cada diputado, senador o funcionario que avale los artículos 425, 438 y 439 del proyecto de presupuesto
nacional. Ya llegará el momento de llevarlos ante la justicia para delimitar
responsabilidades, porque está claro que hay delitos que nunca prescriben.
Si bien la situación del acceso de los uruguayos a los medicamentos y
tratamientos terapéuticos de alto costo es desde hace años la mayor forma de
discriminación ante el que carece de medios económicos, estos artículos son la rúbrica de la infamia.
En su anterior administración, el Dr. Tabaré Vázquez llevó adelante una
exitosa batalla en contra del cigarrillo que seguramente ahorrará miles de
vidas. Hoy gastamos dinerales en
estupendas campañas de prevención del cáncer, pero cuando alguien se enferma le
negamos la posibilidad de realizar un tratamiento que le devuelva la salud.
Si eso no es absurdo, díganme en donde está el absurdo.
Sabemos que la tercera parte de la población mundial no tiene acceso a
los medicamentos y esto debería preocupar a todos los países. Uruguay llevaba
años siendo un ejemplo con la creación del Fondo Nacional de Recursos, pero nos
ganó la irresponsabilidad, hermanada con la corrupción.
Porque si bien es cierto que la
industria farmacológica es responsable de los altos costos de mantener la
salud, también lo es que los gobiernos con sus permanentes políticas
clientelistas y sus acuerdos “privados” con
fabricantes de placebos, son hoy igualmente responsables.
En este siglo 21 las políticas de salud adoptadas por nuestro país implican un crimen de Lesa Humanidad que no
debemos permitir. Sabemos que nuestros gobiernos han sido más afectos a subsidiar
la cerveza, financiar giras innecesarias o
perder millones de dolares en aventuras inviables que pagarían miles de tratamientos
oncológicos.
Así es que hoy presenciamos la
destrucción de los antiguos sistemas de salud que amparaban a los más
vulnerables de nuestros conciudadanos. Enfermarse en Uruguay es muy caro y la
tendencia parece ser dejar morir a los enfermos pobres, que son la mayoría con
lo cual la corrupción deviene en un crimen flagrante.
El
Diccionario de Acción Humanitaria define al exterminio como la privación de la
vida a un grupo de personas inocentes, comprendiendo la imposición intencional
de penosas condiciones de vida, y la privación del acceso a alimentos o
medicinas entre otras acciones, encaminadas a causar la destrucción de una
parte de la población. El exterminio está estrechamente relacionado con el
genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas. Ahora
bien, el exterminio se da en casos en que se mata a grupos de personas que no
comparten características comunes o cuando se mata a algunos miembros de un
grupo pero no a otros. (Por ejemplo si sos hijo de un Senador te dan
medicamentos pero si sos hijo de un portero, te morís)
Nunca como en estas últimas
décadas se ha hablado tanto de los derechos humanos, tampoco jamás se invirtió
tal volumen de dinero en aclarar las violaciones del pasado, crear Institutos,
museos, fundaciones, excavaciones, resarcimientos y más.
¿A donde están los integrantes del Instituto de Derechos humanos?
¿Es
que nadie les ha dicho que el derecho a
la vida es un derecho fundamental?
Lamentablemente de este nuevo y sofisticado
sistema de extermino en masa, no han dicho esta boca es mía.
Mercedes Vigil
